El juzgado 13 penal municipal dictó libertad inmediata a la ex directora del ICBF seccional Atlántico Yolanda Ruiz, al no encontrar autoría en la comisión de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se desarrolló en la mañana de este miércoles 13 de enero en el centro de servicios judiciales.

El segundo procesado por el desfalco del ICBF en la audiencia de medida de aseguramiento es Luis Avendaño Méndez, representante legal de la Unión temporal Unidos por la niñez, a quien el juez 13 penal municipal le concedió medida de detención domiciliaria.

Según el togado, le encontró responsabilidad en el delito de peculado por apropiación por contratar con dineros públicos a Luis Avendaño Fernández, su hijo, que era proveedor de la unión temporal.

A Oneida Elena Bayona Barrios, el juzgado también le dictó libertad inmediata, al no hallar responsabilidad de autoría en la comisión de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Así mismo, el juez no le impuso medida de aseguramiento a Carlos Gamarra Sierra, supervisor del contrato 331, por no encontrar inferencia razonable en participación en los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

A Rosmery Maldonado Fontalvo, le concedieron detención domiciliaria. El juzgado 13 le encontró participación en el delito de peculado por apropiación, pero no responsabilidad en el delito de falsedad en documento público. El togado indicó que constituye un peligro a futuro para la sociedad.

La audiencia continuó y el juez le concedió la libertad inmediata a Eduardo Camargo Ortega y Yaneth Ortega al no encontrarles participación o autoría en los delitos de peculado por apropiación y contratación sin cumplimiento de requisitos legales.

El juez también ordenó la libertad por no encontrar responsabilidad en delitos de peculado por apropiación a Orlando Jessurum Torres, y ordenó compulsar copias a la Procuraduría para investigar una presunta falla disciplinaria por ser un funcionario público. Juan Carlos Villanueva contó con la misma suerte y fue dejado en libertad.